En Bogotá,
la declaración del ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, en esta
semana, de que el Estado colombiano deberá liberar más títulos para las
empresas mineras, está provocando polémicas. Pero el periódico El Espectador presenta un estudio realizado recientemente, cuya directriz va en sentido contrario,
respaldado por datos oficiales, que ha provocado numerosos
cuestionamientos con relación al anuncio.
Al mismo tiempo
en que el anuncio provoca ánimo en los inversionistas por la posibilidad de
ampliar sus proyectos, se suscita, entre otros sectores de la sociedad, nuevos
cuestionamientos a partir de una investigación hecha por la Contraloría General
de la Alcaldía de Bogotá, que hace una radiografía de la actividad minera,
abordando, profunda y estadísticamente, los daños ambientales provocados por la
misma.
Según el
estudio "Minería en Colombia: fundamentos para
superar el modelo extractivista’, los impactos da actividad además de
serios, son irreversibles y compiten con la producción de alimentos,
comprometiendo e inviabilizando la soberanía alimenticia.
Datos indican
que para producir un solo gramo de oro, son gastados 1060 litros de agua. Si la
producción fuera de arroz o papa, solo necesitaría 2 litros, revelando un gasto
exorbitante del recurso, además de la contaminación generada por los metales
pesados – mercurio y cianuro, principalmente - usados para separar el oro de
los otros materiales presentes en la roca.
La
"locomotora minera", expresión que caracteriza el boom de la minería
en el País y la consecuente otorgación de títulos mineros a empresas
transnacionales, se concentra principalmente en oro (43% de los títulos)
y en carbón (25%).
En ambos casos,
el mineral es enviado para fuera del País, generando lo que muchos economistas
ecológicos llaman "economía de entrabe", en la cual la población se
ve gradualmente empobrecida a lo largo del tiempo, en cuanto una pequeña parcela
de inversionistas obtiene lucros exorbitantes con la venta de materia prima.
Otros efectos
citados por lo estudio son las grandes cantidades de residuos generados, la
contaminación hídrica y del aire, el empobrecimiento del suelo y de la
biodiversidad, además del comprometimiento de la producción agrícola para
subsistencia, y la violación a la vocación natural de estas áreas, detentoras
de una biodiversidad única, para actividades productivas en armonía con el
entorno, como por ejemplo, el turismo y la pecuaria de pequeña escala.
La actividad
minera representa, aún más, un riesgo para la salud pública a largo plazo, ya
que, por cada gramo de oro, se utilizan 40 gramos de arsénico, 10 gramos de
cromo, 170 gramos de plomo y 50 gramos de zinc, que permanecen en el ambiente
por miles de años.
Para la
Contraloría, además de estos daños socio-ambientales, la actividad minera
hace parte de un modelo productivo que "no genera cadenas productivas
internas e ni dinamiza la economía".
Julio Fierro,
uno de los investigadores, critica también la ausencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en las discusiones sobre el
asunto.
Como agravante,
existe el hecho de que los principales proyectos están localizados en los
Andes, donde nacen las vertientes hídricas fundamentales para la preservación
de las aguas, y en zonas susceptibles a desertificación.
Con relación a
los desechos producidos, el estudio hace una comparación entre ciudades como
Rio de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, que generan miles de toneladas de basura por
año.
En el caso de
extracción de oro, la cantidad de residuos generados en el mismo período puede
ser de 70 veces más, y de carbón, 12 veces más.
Los datos
informan, aún, que de los 1.997 títulos otorgados en 2010, solamente 194
cuentan con la licencia ambiental, lanzando un cuestionamiento inquietante
sobre la responsabilidad de estos pasivos ambientales a largo plazo.
Actualmente, las
informaciones obtenidas sobre estos impactos advierten, principalmente, de los
EIA – Estudios de Impacto Ambiental elaborados por las mismas empresas, lo que
deja clara la falta de competencia institucional, a nivel técnico y científico,
por parte de las autoridades y entidades fiscalizadoras.
La conclusión
del estudio es que "a minería es una apuesta arriesgada y sin soporte
porque no incorpora los impactos ambientales y debe ser prohibida en zonas de
alta biodiversidad y de conflictos con comunidades nativas".
Da Redação
Com informações do El Espectador
