Diputados de la bancada de hacendados
(ruralistas) prometen apretar el cerco contra la Fundación Nacional del Índio
(Funai) y la atribución del órgano de auxiliar
en la demarcación de tierras indígenas en Brasil. Entre las estrategias usadas para
presionar al gobierno por cambios, integrantes del Frente Parlamentario de
Agricultura dicen tener ya firmas suficientes - más de 180 - para
protocolar un pedido de creación de una CPI para investigar a Funai. Todavía,
no definen cuando será hecho eso.
En la semana pasada el grupo contabilizó dos
victorias: primera, consiguió convocar la ministra-jefe de la Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, para esclarecer
en la Comisión de Agricultura de Casa sobre las cuestiones indígenas.
El dato de la ida de la ministra al Congreso
debe ser definido en esta semana por el presidente de la comisión, diputado
Giacobo (PR-PR).
Los hacendados consiguieron también, el miércoles
pasado (10), el apoyo que faltaba para la creación de una comisión especial
para apreciar y dar forma a la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC
215/2000) que incluye, en las competencias exclusivas del Congreso Nacional, la
aprobación de demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas,
la titulación de tierras de comunidades afro-descendientes, la creación de
unidades de conservación ambiental
y la ratificación de las demarcaciones de tierras indígenas ya homologadas.
“La PEC es un retroceso absoluto, ella acaba
con cualquier posibilidad de política indigenista y de política ambiental. Dejar la prerrogativa del
Poder Ejecutivo de crear unidades de conservación y reservas indígenas y
pasarla para el Congreso es la misma cosa que decir que no van a tener más”, dijo el diputado Sarney
Filho.
La comisión fue creada por el presidente de
la Cámara de Diputados, Henrique Alves (PMDB-RN), en retribución al apoyo que
recibió de los hacendados para comandar la Casa.
“Nosotros estamos creando una serie de injusticias para aquellos que son propietarios de tierras, independientemente del tamaño. Lo que nos preocupa es la falta de criterios y de una condición de defensa dentro de los procesos de homologación conducidos por los antropólogos (de Funai)”, dijo el diputado Jerônimo Goergen (PP-RS), que integra el Frente Parlamentario de Agricultura.
El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) rechaza la creación de la comisión. En nota divulgada, el Cimi repudió la decisión.
“Nosotros estamos creando una serie de injusticias para aquellos que son propietarios de tierras, independientemente del tamaño. Lo que nos preocupa es la falta de criterios y de una condición de defensa dentro de los procesos de homologación conducidos por los antropólogos (de Funai)”, dijo el diputado Jerônimo Goergen (PP-RS), que integra el Frente Parlamentario de Agricultura.
El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) rechaza la creación de la comisión. En nota divulgada, el Cimi repudió la decisión.
“El acto
del presidente de la Cámara se constituye en un atentado a la memoria de los
diputados Constituyentes, ataca de forma vil y cobarde los derechos que los
pueblos indígenas conquistaron a costo de mucha sangre, y atiende los intereses
privados de una minoría latifundista históricamente privilegiada en nuestro
país”, dice el documento.
Procurada por la Agencia Brasil, la Funai envió nota clasificando la PEC 215/00 como un retroceso y una acción contraria a la efectividad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
“La Funai cree que tal medida, lejos de contribuir para la reducción de los conflictos propios de procesos de demarcación de tierras indígenas, ocasionará mayor tensión en las relaciones entre particulares y pueblos indígenas, ante la inseguridad jurídica y la indefinición territorial que esto acarrea”, alerta el documento.
Entre las preocupaciones de Funai, está el hecho de la PEC prevé la creación de una instancia más en el procedimiento administrativo de regulación de tierras indígenas.
Procurada por la Agencia Brasil, la Funai envió nota clasificando la PEC 215/00 como un retroceso y una acción contraria a la efectividad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
“La Funai cree que tal medida, lejos de contribuir para la reducción de los conflictos propios de procesos de demarcación de tierras indígenas, ocasionará mayor tensión en las relaciones entre particulares y pueblos indígenas, ante la inseguridad jurídica y la indefinición territorial que esto acarrea”, alerta el documento.
Entre las preocupaciones de Funai, está el hecho de la PEC prevé la creación de una instancia más en el procedimiento administrativo de regulación de tierras indígenas.
“Eso hará más complejo y demorado el proceso
de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas – si no significa su parálisis
-, con graves consecuencias para la efectividad
de los demás derechos de estos pueblos, como por ejemplo, la garantía de
políticas de salud y educación diferenciadas, promoción de la ciudadanía y de
la sustentabilidad económica, protección a
los recursos naturales, entre otros.”
Esta semana la bancada ruralista de la Cámara debe reunirse con el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa.
Esta semana la bancada ruralista de la Cámara debe reunirse con el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa.
En el encuentro,
los parlamentarios van a pedir la conclusión de la promulgación de la Tierra Indígena
Raposa Sierra del Sur – que aún depende
de la publicación de lo acordado en la misma, y de las declaratorias al
respecto de las 19 condicionantes impuestas por la Corte el 2009, para que la
demarcación de áreas fuese mantenida en tierras continuas.
Después que eso fuera hecho, la polémica Ley 303 de Abogacía-General de la Unión (AGU) puede entrar en rigor. La norma prohíbe la ampliación de áreas indígenas ya demarcadas y la venta o arrendamiento de cualquier parte de esos territorios, si eso significa la restricción del pleno usufructo y la posesión directa del área por las comunidades indígenas.
Después que eso fuera hecho, la polémica Ley 303 de Abogacía-General de la Unión (AGU) puede entrar en rigor. La norma prohíbe la ampliación de áreas indígenas ya demarcadas y la venta o arrendamiento de cualquier parte de esos territorios, si eso significa la restricción del pleno usufructo y la posesión directa del área por las comunidades indígenas.
Eso también veda
la minería y el aprovechamiento hídrico de la tierra por los indígenas, a fin
de impedir el cobro, por las comunidades indígenas, de cualquier impuesto o
exigencia para utilizar la estradas, las líneas de transmisión y otros equipamientos
de servicio público que ya estén dentro de las áreas demarcadas.
Las divergencias del Frente Parlamentario de Agricultura en relación a las atribuciones de Funai también llevaron al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, a comprometerse a crear un Grupo de Trabajo para recibir las manifestaciones de los diputados.
Las divergencias del Frente Parlamentario de Agricultura en relación a las atribuciones de Funai también llevaron al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, a comprometerse a crear un Grupo de Trabajo para recibir las manifestaciones de los diputados.
En 30 días, representantes de la Secretaría de
Asuntos Legislativos, de la Funai y parlamentarios, deben comenzar a discutir
propuestas que envuelvan la demarcación y expropiación de tierras en Brasil.
El Frente Parlamentario Ambientalista, presidida por el diputado Sarney Filho (PV-MA), marcó una reunión para el próximo miércoles (17).
El Frente Parlamentario Ambientalista, presidida por el diputado Sarney Filho (PV-MA), marcó una reunión para el próximo miércoles (17).
En la evaluación de los ambientalistas, los que apoyan la PEC 215 son motivados por
“intereses personales e individuales contrariados”.
Fuente: Br Notícias
