“El
mundo ha fallado”. Con esas palabras, el presidente ecuatoriano Rafael Correa
anunció, en cadena nacional, el útimo jueves (15), el fín del Proyecto ITT
Yasuní (campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini), que preconizaba mantener el
crudo de esta Reserva de la Biosfera y Parque Nacional debajo de la tierra “a
perpetuidad”, a cambio de una compensación financiera por parte de los
países desarrollados, estimada en US$3.600 millones, durante 13 años.
El proyecto fue lanzado, y aclamado en el Ecuador y por la comunidad internacional, hace seis años, bajo cuatro premisas: 1 – cambiar la matriz productiva del país basada en la explotación petrolera; 2 – conservar la biodiversidad del Parque Yasuní, considerado uno de los diez sítios más megadiversos del mundo; 3 – proteger los pueblos Huaorani y sus clãs Tagaeri e Taromenane, en aislamiento voluntario, y 4 – mitigar los efectos del calentamiento global en el mundo.
El proyecto fue lanzado, y aclamado en el Ecuador y por la comunidad internacional, hace seis años, bajo cuatro premisas: 1 – cambiar la matriz productiva del país basada en la explotación petrolera; 2 – conservar la biodiversidad del Parque Yasuní, considerado uno de los diez sítios más megadiversos del mundo; 3 – proteger los pueblos Huaorani y sus clãs Tagaeri e Taromenane, en aislamiento voluntario, y 4 – mitigar los efectos del calentamiento global en el mundo.
El
Parque Yasuní, además de su increíble biodiversidad, abriga en su subsuelo
aproximadamente 846 millones de barriles de crudo, y por ello vieno siendo un
blanco codiciado por empresas petroleras, entre ellas la Petrobras, que detenía
el monopólio del bloque 31, parte de él ubicado en el interior del parque.
En
el 2006, tras protestos en todo el país en contra de la Petrobras, y de
denúncias veiculados por la prensa ecuatoriana y parte de algunos sectores de
la sociedad brasilera (la ONG Fase publicó un libro acusando la Petrobras de
“doble patrón” al intentar hacer en Ecuador lo que es proibido en Brasil), la
empresa anunció la devolución del bloque 31 al Estado ecuatoriano.
Después
de tres años de la creación de un fideocomiso junto a las Naciones Unidas para
recepción de los aportes, la iniciativa alcanzó la cuantia de US$13.3
millones en depósitos concretos, mientras otros US$116 millones quedaron bajo
compromiso.
El
anuncio del presidente Correa generó una ola de protestas por el país: además
de marchas en ciudades de la Amazonía ecuatoriana como Puyo, este sábado (17),
en Quito centenas de manifestantes se aglomeraron frente al Palácio del
Gobierno, este domingo (18), exigiendo que se haga una Consulta Popular a fín
de que la decisión sea definida por la población.
Roque
Sevilla, que lideró la comisión técnica del projeto Yasuní-ITT hasta el 2010,
sustenta que el fín de la iniciativa, en verdade, se dió a causa de uma
política ambiental controversa por parte de Correa: en el momento del anuncio
de la Iniciativa ITT, el presidente dio a conocer el Plan B, que previa la
explotación del ITT, caso el fondo no alcanzara el patamar esperado, lo que
teria desanimado algunos países interesados em contribuir.
Además,
sectores ecologistas denuncian otra contradicción: poco después del anuncio de
la Iniciativa ITT, el presidente anunció la creación de una empresa estatal
para explotar minerales em zonas frágiles de la Amazonía ecuatoriana, como la
Cordillera del Cóndor, território de los indígenas Shuar, dentre otros de
cultura ancestral.
En
las palabras del presidente, "la peor crisis económica global de los últimos
80 años" habría sido una de las causas del fracasso, enfatizando que
"el factor fundamental es la grande hipocresía del mundo y la lógica que
prevalece no es la de la justicia, sino del poder".
Según
una encuesta realizada por la empresa Perfiles de Opinión, em junio del 2013,
un total de 93% de la población ecuatoriana en Quito y Guayaquil estaban de
acuerdo con la Iniciativa Yasuní-ITT y 66% no apoiaba la explotación, en caso
de que no fuesen recaudados suficientes fondos.
Salvador
Quishpe, governador de Morona Santiago, expressó en su pagina en Facebook que
la Consulta Popular no es el camino para revertir la decisión, ya que estos
pueblos están asegurados por la Constitución aprobada en el 2006, en Monte
Christi, la cual estableció, en su artículo 57:
"Los
territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral
irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad
extractiva".
Para
Alberto Acosta, ex-presidente de la Asamblea de Monte Christi y ex-ministro de
Minas y Energía en el gobierno de Correa, el fracasso es de responsabilidad,
primeramente, del própio presidente.
“No
era solo un proyecto económico. Era un paso gigante en el camino del
pós-extractivismo y, sobretodo, era um proyecto ético, politicamente ético, en
lo cual se involucraban derechos de grupos vulnerables y los derechos de la
naturaleza previstos en la Constitución, y que han sido minimizados por el
presidente de la República”, afirma uno de sus mayores entusiastas.
Por
Anppa
Fuentes: BBCe RedeBrasil Atual
